ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO EN EL ÁMBITO LEGAL

Tramitación judicial del proceso de naturalización ante el fuero federal: reunión de requisitos, presentación y audiencia. Para quienes cumplen el plazo de residencia y desean obtener la ciudadanía argentina.

Gestión de residencias temporarias por trabajo, estudio, reunificación familiar o razones humanitarias ante la Dirección Nacional de Migraciones y el fuero contencioso administrativo federal.

Trámite para obtener la residencia permanente en Argentina, incluyendo recursos administrativos y judiciales ante denegaciones o demoras injustificadas de la DNM.

Procedimientos para reagrupar a familiares directos en Argentina: cónyuge, hijos menores y padres. Gestión ante la DNM y recursos judiciales cuando se deniega o demora la residencia familiar.

Asesoramiento y representación en solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado ante la CONARE y en visas humanitarias para casos urgentes o de protección especial.

Impugnación de resoluciones de la Dirección Nacional de Migraciones: recursos administrativos de reconsideración y jerárquico, y acción judicial en el fuero contencioso administrativo federal.

Litigio estratégico contra el DNU 366/2025 que modificó la Ley de Migraciones. Acciones de inconstitucionalidad, amparos individuales y colectivos en defensa del derecho a la residencia y a la igualdad.

Asesoramiento sobre recuperación o adquisición de la doble nacionalidad argentina, española, italiana u otras por vía de origen, naturalización o tratados internacionales.

Tramitación del divorcio vincular, ya sea de mutuo acuerdo o contencioso, con negociación o litigio sobre convenio regulador: alimentos, vivienda, bienes y cuidado de los hijos.

Determinación, aumento, reducción o cese de la cuota alimentaria para hijos menores o mayores con derecho. Incluye medidas cautelares para asegurar el cobro y ejecución de sentencias.

Fijación o modificación del régimen de visitas y comunicación entre progenitores e hijos. Intervención ante incumplimientos, obstrucción del vínculo y cambios de domicilio.

Acciones de reclamación o impugnación de filiación, determinación de la paternidad y procesos de adopción plena o simple en todas sus etapas.

Liquidación de la sociedad conyugal o del patrimonio de la unión convivencial. Acuerdo de partición o juicio de división de condominio cuando no hay consenso entre las partes.

Medidas de protección urgentes ante situaciones de violencia doméstica o de género: exclusión del hogar, prohibición de acercamiento, botón antipánico y denuncia penal coordinada.

Registro, derechos y obligaciones de la unión convivencial. Pactos de convivencia, protección de la vivienda familiar y cese de la unión con liquidación patrimonial.

Apertura y tramitación del proceso sucesorio: declaratoria de herederos, administración del acervo, partición de la herencia y resolución de conflictos entre coherederos.

Una imputación penal exige reacción profesional inmediata. Cada acto del proceso, desde la primera declaración hasta el alegato final, puede ser decisivo. La defensa penal integral comprende todas las etapas: instrucción, intermedia, debate oral y recursiva. Aplicamos la garantía constitucional de defensa en juicio con todas las herramientas técnicas: control de la prueba de cargo, planteo de nulidades, ofrecimiento de prueba propia y recursos en cada instancia.

La libertad durante el proceso es la regla; la prisión preventiva, la excepción. Así lo establecen la Constitución Nacional, la Convención Americana de Derechos Humanos y la doctrina de la Corte Suprema. Trabajamos en todas las modalidades: excarcelación bajo caución juratoria, personal o real; exención de prisión; sustitución por prisión domiciliaria o monitoreo electrónico; libertad por falta de mérito; y cese de prisión preventiva por vencimiento del plazo razonable (Ley 24.390).

Cuando se es víctima de un delito, el sistema penal se mueve solo de manera limitada. La ley argentina (arts. 82 y ss. CPPN) reconoce a la víctima el derecho a constituirse en querellante particular: una parte autónoma del proceso con derecho a impulsar la investigación, ofrecer prueba, controlar las decisiones de la fiscalía y participar plenamente en el juicio oral.

Los delitos contra la integridad sexual (arts. 119 y ss. CP) y los hechos de violencia de género exigen rigor técnico y sensibilidad. Acompañamos tanto a víctimas como a personas imputadas con equipos diferenciados. La querella impulsa la investigación y sostiene la acusación en juicio.

Los delitos contra la propiedad (arts. 162 a 185 CP) abarcan desde el hurto y el robo hasta la estafa, la defraudación, la administración fraudulenta, la extorsión y la usurpación. En la actualidad suman modalidades vinculadas a tecnología y criptoactivos: defraudaciones informáticas (art. 173 inc. 16 CP), fraudes con tarjetas, hackeos a billeteras digitales y manipulación de plataformas.

El derecho penal económico combina figuras del Código Penal con leyes especiales: régimen penal tributario (Ley 27.430), lavado de activos (Ley 26.683), Código Aduanero y responsabilidad penal de personas jurídicas (Ley 27.401). Asistimos en evasión tributaria, lavado de activos, contrabando, asociación ilícita fiscal y responsabilidad penal corporativa.

El juicio oral es la etapa decisiva: ahí se produce la prueba, se confrontan las versiones y se define la sentencia. Acompañamos con preparación rigurosa: estrategia de debate, contraexamen de testigos y peritos, alegato técnico. Cuando la sentencia es desfavorable, recurrimos por casación ante la Cámara Federal de Casación Penal, luego por recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema y, cuando procede, por recurso de revisión.

Revisión y redacción de boletos de compraventa, escrituras y contratos de reserva. Due diligence registral y fiscal. Representación en toda la cadena de la operación inmobiliaria.

Investigación registral, catastral y urbanística del inmueble antes de la compra: inhibiciones, embargos, deudas de expensas y ABL, estado dominial y medidas cautelares.

Redacción y revisión de contratos de locación bajo la Ley 27.551. Ajuste de alquileres, recisiones anticipadas y resolución de conflictos entre locador y locatario.

Tramitación de juicios de desalojo por falta de pago, vencimiento del contrato, intrusión u otras causales. Medidas cautelares e intimaciones previas para agilizar la recuperación del inmueble.

Asesoramiento a propietarios y consorcios en conflictos de propiedad horizontal, reglamentos de copropiedad, expensas impagas y litigios en clubes de campo y barrios privados.

Constitución, cancelación y ejecución de hipotecas. Negociación con acreedores hipotecarios y defensa en procesos de ejecución. Sustitución y cancelación de garantías reales.

Tramitación de sucesiones que incluyan bienes inmuebles: determinación de la masa, administración provisoria, partición y escrituración a nombre de los herederos.

Constitución de SAS, SRL y SA: redacción del estatuto, trámites ante la Inspección General de Justicia y asesoramiento sobre la estructura societaria más adecuada para cada proyecto.

Alta y modificaciones en AFIP: monotributo, régimen de autónomos y CUIT para personas humanas y jurídicas. Asesoramiento fiscal básico y coordinación con contadores.

Redacción y revisión de contratos de distribución, franquicia, agencia, suministro, servicios y confidencialidad. Negociación y resolución extrajudicial de controversias contractuales.

Mediación y litigio en conflictos entre socios: impugnación de asambleas, exclusión de socios, rendición de cuentas y disolución de sociedades con o sin acuerdo.

Registro de marcas ante el INPI, vigilancia marcaria, oposiciones y acciones de nulidad o caducidad. Asesoramiento en propiedad industrial e intelectual para empresas y emprendedores.

Reclamos ante GCBA, OMIC y organismos provinciales. Acciones judiciales por daños al consumidor, publicidad engañosa y cláusulas abusivas en contratos de adhesión.

Acompañamiento jurídico continuo para pymes y startups: contratos, compliance, relaciones laborales, gestión de riesgos legales y estrategia de crecimiento con seguridad jurídica.

Representación en procedimientos de extradición activa y pasiva ante el fuero federal. Análisis de tratados bilaterales y multilaterales, control de doble incriminación y garantías del debido proceso.

Acciones bajo el Convenio de La Haya de 1980 para la restitución de niños trasladados o retenidos ilícitamente en el extranjero, y defensa ante pedidos de restitución dirigidos contra residentes en Argentina.

Gestión de apostillas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y legalizaciones consulares para documentos públicos argentinos o extranjeros con destino en el exterior.

Reconocimiento y ejecución en Argentina de sentencias y laudos arbitrales extranjeros mediante el procedimiento de exequatur ante la Corte Suprema o los tribunales federales competentes.

Tramitación de sucesiones con elementos multinacionales: determinación de la ley aplicable, reconocimiento de testamentos extranjeros y coordinación con profesionales en otras jurisdicciones.

Redacción y revisión de contratos con partes extranjeras: elección de ley y foro, cláusulas de arbitraje internacional y adaptación a los estándares del comercio transfronterizo.

Redacción y presentación de recursos de reconsideración y jerárquicos ante organismos nacionales, provinciales y municipales. Representación hasta el agotamiento de la vía administrativa.

Acción de amparo ante la lesión, restricción, alteración o amenaza de derechos constitucionales por actos u omisiones del Estado. Medidas cautelares para suspender el acto lesivo de inmediato.

Impugnación de multas y sanciones administrativas ante AFIP, DGR, GCBA, municipios y entes reguladores. Recursos en sede administrativa y demandas contencioso-administrativas.

Tramitación de habilitaciones ante el GCBA y municipios. Recursos contra denegaciones, clausuras y sanciones. Agilización de expedientes demorados por inactividad estatal.

Solicitudes de acceso a la información pública bajo la Ley 27.275. Recursos ante denegaciones o silencios del Estado. Amparo por acceso a información en temas de interés ciudadano.

Pedidos de pronto despacho y acciones judiciales ante el silencio administrativo. Control del plazo razonable en procedimientos administrativos demorados sin resolución.

Acción de amparo para garantizar prestaciones médicas urgentes denegadas por obras sociales, prepagas o el Estado. Medidas cautelares para obtener cobertura inmediata de tratamientos o medicamentos.

Reclamos por denegación o reducción de prestaciones ante obras sociales y empresas de medicina prepaga. Recursos administrativos ante la Superintendencia de Servicios de Salud y acciones judiciales.

Tramitación del Certificado Único de Discapacidad y acceso a las prestaciones del Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad: educación, rehabilitación, transporte y apoyo familiar.

Representación en juicios por mala praxis: cirugías, diagnósticos tardíos, infecciones hospitalarias y negligencias médicas. Coordinación con peritos médicos para acreditar el daño y la responsabilidad.

Asesoramiento sobre derechos bajo la Ley 26.657: internaciones voluntarias e involuntarias, consentimiento informado, altas médicas y sustitución del consentimiento para personas con capacidad restringida.

Amparo o medida cautelar para obtener medicamentos oncológicos, monoclonales u otros de alto costo negados por la financiadora de salud, con trámite urgente ante el fuero civil y comercial federal.